Cámara de Diputados avala ley que faculta al gobierno a retener recursos a estados y municipios que violen acuerdos de seguridad o usen fondos de forma irregular.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad que permite al gobierno federal suspender fondos económicos a entidades federativas y municipios que incumplan con los acuerdos en materia de seguridad o cuando utilicen de forma irregular los recursos públicos federales.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podrá decretar la suspensión de las ministraciones y deberá dar vista a la Auditoría Superior de la Federación sobre cualquier irregularidad detectada.
¿Cuántos votos obtuvo la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad?
Luego de 10 horas de discusión en el Pleno de San Lázaro, la ley fue aprobada en lo general con 445 votos de Morena, PAN, PVEM, PT y MC y 37 del PRI en contra; en lo particular fue aprobada con 423 a favor y 63 en contra y fue enviada al Senado para su análisis.
Entre los cambios, se aceptó la eliminación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital, luego de que especialistas advirtieron que era inconstitucional.
La madrugada de este miércoles, los diputados se dieron cuenta que la Comisión de Seguridad Ciudadana de San Lázaro había distribuido dos documentos para cambiar, de fondo, los dictámenes de las nuevas leyes de seguridad e inteligencia y sólo unas horas después los cambios se debatirían por el Pleno, sin análisis de las propuestas y sin consultas con especialistas.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, fue uno de los primeros en advertir de un “albazo legislativo” y acusó a Morena y al gobierno federal de instaurar un “Big Brother orwelliano y goebbeliano”.
¿Qué contempla la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia?
Después de la aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, los diputados continuaron con la discusión de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la más polémica porque permite a las instituciones de seguridad del país tener acceso a todas las bases de datos de inteligencia, vehiculares, biométricos y telefónicos, así como registros bancarios, de transporte, telecomunicaciones, empresariales, incluso el historial médico de los mexicanos.
“Todas las autoridades del Estado mexicano y las personas particulares que tengan a su cargo sistemas de inteligencia, bases de datos, registros y registros administrativos, tales como registros de datos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, así como registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de armas de fuego aseguradas o decomisadas, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de los delitos, deberán vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional, para su consulta”, dice el artículo 24.
