La bancada del PRI en la Cámara de Diputados votó en contra del dictamen de la nueva Ley General de Aguas al acusar que Morena ignoró a productores del campo, excluyó a comunidades originarias y mantuvo disposiciones que limitan la transmisión de derechos en concesiones y asignaciones. Rubén Moreira, su coordinador parlamentario, sostuvo que la reforma es inconstitucional, centraliza el control del recurso y fue aprobada sin el proceso de consulta que exige la ley, pese a las manifestaciones frente al Palacio de San Lázaro.
Moreira destacó que el PRI organizó ocho foros estatales donde más de ocho mil productores, especialistas y ciudadanos expusieron preocupaciones sobre el impacto de la legislación. Legisladores como Humberto Ambriz denunciaron reuniones a puerta cerrada en la Comisión de Recursos Hidráulicos, mientras Luis Gerardo Sánchez señaló que la Conagua reconoce 58 mil irregularidades en su padrón y carece de capacidad de supervisión con apenas 350 inspectores para más de 550 mil concesiones.
La bancada tricolor advirtió que artículos como el 37 Bis 1 y 37 Bis 2 otorgan al Estado control de volúmenes de agua sin plena transparencia y permiten reasignaciones que afectarían a productores. Afirmaron que no rechazan legislar en materia hídrica, sino hacerlo sin certeza jurídica ni estudios técnicos, alertando riesgos de criminalización y nuevas prácticas de extorsión. Durante más de 24 horas de debate, el PRI defendió en Tribuna a campesinos y comunidades originarias que, dijeron, quedaron fuera de la toma de decisiones.
