Más de tres mil familias han sido desplazadas de sus comunidades en Sinaloa a causa de la violencia criminal y el control territorial del crimen organizado, denunció la senadora priista Paloma Sánchez Ramos. Señaló que el gobierno federal y la administración estatal de Morena no han implementado un plan integral de atención ni un registro oficial de víctimas, pese a la magnitud de la emergencia humanitaria.
La legisladora advirtió que el desplazamiento forzado ha provocado la pérdida de viviendas, patrimonio y condiciones mínimas de seguridad para cientos de familias que huyen ante amenazas y ataques armados. Afirmó que esta crisis se ha convertido en una tragedia cotidiana ante la omisión institucional y la falta de políticas públicas que garanticen protección inmediata.
Frente a este escenario, Sánchez Ramos informó la presentación de una iniciativa para reconocer legalmente a las víctimas de desplazamiento forzado y asegurarles acceso a vivienda, seguridad, servicios esenciales, alojamiento y alimentación desde el primer momento de su salida. Criticó que, mientras las autoridades insisten en que “están trabajando”, miles de sinaloenses permanecen sin protección, sin atención efectiva y en abandono gubernamental.
