La bancada del PAN en la Cámara de Diputados inició una estrategia legal para fincar responsabilidades por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. Los legisladores denunciaron presuntos contratos irregulares, sobreprecios y fallas en la construcción de la obra operada por la Secretaría de Marina, y pidieron que las investigaciones alcancen a los más altos niveles de decisión.
El vicecoordinador panista Federico Döring afirmó que la exigencia no se limita a la reparación económica del daño a las familias, sino a garantizar que no se repita una tragedia derivada —dijo— de la compra de trenes en mal estado y de la falta de correcciones a las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación. “Queremos que los responsables del gobierno anterior y del actual respondan ante la justicia”, sostuvo.
Como parte de la estrategia, el PAN presentó tres denuncias iniciales: una ante la Fiscalía General de la República, una queja ante la Auditoría Superior de la Federación y una querella ante la Secretaría Anticorrupción, por presuntos desvíos de recursos públicos y sobrecostos vinculados a la megaobra. Los legisladores adelantaron que estas acciones forman parte de una serie más amplia de recursos legales para exigir justicia.
En el caso de la ASF, solicitaron una auditoría especial con apoyo de expertos externos y seguimiento a revisiones que entre 2019 y 2023 generaron observaciones por 71.5 millones de pesos. También señalaron la presunta participación de proveedores ligados al entorno de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de audios difundidos por Latinus que lo relacionarían con contratos de suministro de balastro en la zona del siniestro, donde previamente se habían señalado riesgos por inestabilidad del terreno.
