El caso del Refugio Franciscano debe ser abordado como una violación a derechos humanos en su dimensión ecológica y animal, afirmó la diputada del PAN por Cuajimalpa, Claudia Pérez Romero, al señalar que la desaparición de más de 150 animales y las denuncias de crueldad evidencian el incumplimiento del Estado en garantizar la vida y el bienestar de seres sintientes. La legisladora sostuvo que no se trata de falta de regulación, sino de la incapacidad de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para responder con protocolos adecuados.
Pérez Romero acusó que el gobierno encabezado por Clara Brugada actuó sin lineamientos claros para la protección de los animales, al mantenerlos en oficinas, dentro de cajas transportadoras, sin agua ni ventilación, y con traslados mal ejecutados entre albergues. Señaló que estas acciones generan incertidumbre legal y reflejan maltrato institucional, por lo que desde el Congreso se debe exigir transparencia y una agenda social que evite que situaciones similares se repitan.
La diputada llamó a activistas y organizaciones animalistas a unirse para exigir que el Gobierno cumpla su obligación de garantizar la vida y el bienestar animal, además de aclarar el paradero de los animales desaparecidos. Recordó que tanto la legislación nacional, como la Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, como los compromisos internacionales suscritos por México, establecen responsabilidades claras en esta materia, por lo que advirtió que este caso no puede reducirse a una disputa administrativa, sino atenderse como una grave violación a derechos fundamentales.
