En la actual coyuntura, la discusión sobre la reforma electoral conocida como “Plan B” y la viabilidad de la revocación de mandato presidencial en 2027 o 2028 ha generado un amplio debate sobre la calidad de la democracia, la austeridad institucional y la participación ciudadana. Ambos temas, aunque distintos, convergen en un objetivo común: redefinir la relación entre el Estado y el pueblo, así como fortalecer los mecanismos de control democrático.
El Plan B surge como una alternativa frente a la imposibilidad de concretar una reforma constitucional en materia electoral. Su justificación radica en la necesidad de hacer más eficiente y menos costoso el aparato electoral mexicano. Durante décadas, el sistema electoral cumplió parcialmente con el objetivo de democratizar la vida pública del país —sin que olvidemos los fraudes electorales de 2006 y 2012—, pero también es cierto que se ha convertido en uno de los más costosos a nivel mundial. En este sentido, la iniciativa plantea ajustes legales que buscan reducir gastos, simplificar estructuras y eliminar duplicidades administrativas, sin necesariamente comprometer la integridad de los procesos electorales.
La necesidad de esta reforma se encuentra en un contexto donde el pueblo de México demanda gobiernos menos onerosos y más eficientes. La legitimidad democrática no solo depende de elecciones libres y justas, sino también de la percepción de que los recursos públicos se utilizan de manera responsable. Por ello, el Plan B es una respuesta a esta demanda popular, equilibrando la calidad electoral con la austeridad republicana del gasto público.
Como es natural, la derecha comienza a despotricar con argumentos tan pobres que solo confirman lo que hemos señalado de manera constante. El PRIAN, en su intento por mantener sus privilegios de la época neoliberal, es capaz de seguir ignorando “el elefante en la sala”. Basta la lectura de la iniciativa enviada la semana pasada al Senado para observar que se preservan los principios fundamentales de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad electoral.
Uno de los aspectos de la citada reforma en el que la derecha se ha encargado de atacar más rabiosamente es el de la revocación de mandato, que primeramente debemos reconocer como un verdadero mecanismo de democracia participativa. Su incorporación en el sistema político mexicano representó un cambio significativo, al permitir que la ciudadanía evalúe directamente el desempeño de la persona titular del Poder Ejecutivo antes de que concluya su periodo constitucional. Por ello, la propuesta de que la Presidenta pueda someterse a este escrutinio en el tercer o cuarto año de su mandato, considero que es un acierto. Además, ofrece el tiempo suficiente para evaluar de manera objetiva el desempeño del gobierno en funciones, lo que fortalece el carácter popular del mecanismo. La revocación de mandato no debe entenderse como una extensión de la competencia electoral, sino como un instrumento de rendición de cuentas.
Los planteamientos que reúne el llamado Plan B reflejan una transformación en la concepción de la democracia en México. En este mismo sentido, también se busca poner fin a los gastos excesivos. La propuesta plantea establecer topes al presupuesto de congresos locales, regidores y órganos legislativos, con el propósito de terminar con el dispendio y que, en cambio, los recursos se utilicen en beneficio del pueblo.
De concretarse, estas medidas permitirían generar ahorros cercanos a los 4 mil millones de pesos, recursos que se quedarían en los estados y municipios para atender las necesidades reales de la población, como obra pública, servicios e infraestructura. Se trata de una decisión congruente con los principios de acabar con los privilegios y de austeridad republicana para demostrar que es posible actuar con eficacia, transparencia y honradez sin derrochar recursos públicos.
Es claro que estas reformas y mecanismos se implementarán con responsabilidad, transparencia y respeto a los principios democráticos que nos rigen como movimiento.
La necesidad de este cambio legal radica en la exigencia de eficientar el sistema electoral, así como un paso acertado hacia una democracia más participativa y madura. Ambos elementos contribuirán al fortalecimiento del sistema democrático mexicano.
POR JUAN RUBIO GUALITO
