En el marco del decimonoveno aniversario de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, diversas colectivas y organizaciones feministas se manifestaron frente al Congreso local para exigir la eliminación definitiva de esta práctica del Código Penal estatal. Mediante una intervención simbólica que incluyó la ruptura de una piñata con forma del Código Penal, las activistas denunciaron que, a pesar de ser un servicio de salud legal desde 2007, la permanencia del aborto como delito en las leyes penales mantiene un estigma de criminalización sobre las mujeres y personas gestantes.
Las organizaciones convocantes, entre las que destacan GIRE, Fondo MARIA e Ipas LAC, señalaron una contradicción legal persistente: mientras la capital fue pionera en derechos reproductivos, sigue encabezando las estadísticas de investigaciones penales por aborto. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a febrero de 2026 se registraron más de 1,500 carpetas de investigación en la CDMX, lo que refleja que el sistema judicial continúa persiguiendo una decisión que debería ser tratada exclusivamente bajo un enfoque de salud pública.
Durante la protesta, se hizo un llamado enérgico a las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México para atender esta deuda histórica y concretar la reforma necesaria que armonice la legislación con los estándares constitucionales actuales. Las manifestantes insistieron en que el derecho a decidir no debe estar sujeto a marcos legales punitivos que generen ambigüedad, sino que debe garantizarse de manera plena como un servicio esencial de salud, libre de cualquier tipo de persecución o juicio jurídico.
Finalmente, las colectivas subrayaron que la Ciudad de México tiene la oportunidad de consolidarse nuevamente como el referente regional en derechos humanos al desvincular el derecho penal del ejercicio de la autonomía reproductiva. La exigencia no solo se limita a la capital, sino que busca sentar un precedente para que el aborto sea eliminado de las legislaciones penales en todo el país, permitiendo que niñas, adolescentes y mujeres accedan a sus derechos sin el temor de enfrentar procesos legales por decidir sobre sus propios cuerpos.
