La comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ante el Congreso de la Ciudad de México derivó en un fuerte intercambio de acusaciones con la diputada Diana Sánchez Barrios, luego de que ambas confrontaran posturas sobre el comercio ambulante y la presunta protección de organizaciones de comerciantes en la demarcación. La alcaldesa aseguró que ya instruyó operativos para retirar puestos sin permisos en zonas como Hospital General, San Cosme, Buenavista y Zona Rosa, además de señalar directamente a la organización Prodiana A.C. por supuestamente controlar espacios y cobrar cuotas a vendedores.
Durante su intervención, Rojo de la Vega afirmó que los recursos obtenidos por dichas organizaciones podrían destinarse a mejorar infraestructura urbana, banquetas y parques de la alcaldía, al tiempo que pidió a vecinos cuestionar quién protege a comerciantes en distintos puntos de Cuauhtémoc. En respuesta, Sánchez Barrios acusó a la edil de convertir la comparecencia en un ataque personal y político, recordándole el respaldo que —aseguró— recibió de agrupaciones de comerciantes durante su campaña rumbo a la alcaldía. La legisladora también sostuvo que el gobierno local ha generado inconformidad entre empresarios y habitantes de colonias como Roma, Condesa y Juárez.
El enfrentamiento exhibió la creciente tensión política en torno al control del espacio público y el ambulantaje en una de las alcaldías más complejas de la capital. Mientras la alcaldesa insiste en endurecer acciones contra estructuras que considera irregulares, la diputada defendió el papel histórico de organizaciones de comerciantes y acusó a la administración de actuar con tintes de persecución política. El episodio dejó al descubierto una disputa que no sólo involucra gobernabilidad y orden urbano, sino también el peso electoral y territorial de los grupos de comercio popular en la Ciudad de México.
