En sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado, comparecieron la titular del SOAPAP, Josefina Morales Guerrero, y el director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, para presentar un balance sobre la operación del servicio de agua potable y el cumplimiento del título de concesión en la capital poblana. Durante su exposición, ambas autoridades detallaron avances administrativos, financieros y técnicos, así como el estado actual de la infraestructura hidráulica.
Josefina Morales Guerrero informó sobre la situación financiera del organismo, incluyendo ingresos, egresos y el avance en el pago de la deuda, además de señalar el nivel de cobertura del servicio y el seguimiento a obras de mantenimiento. Destacó que se han gestionado nuevos permisos ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con un total de 10 títulos de asignación que respaldan la operación de 208 pozos, lo que permite una disponibilidad autorizada de 126.2 millones de metros cúbicos de agua, con una dotación promedio de 191.8 litros por habitante.
Por su parte, Jordi Bosch Bragado presentó un balance técnico correspondiente a 2025, en el que subrayó que el sistema atiende a 963 colonias mediante una red de más de 4 mil 100 kilómetros de distribución de agua potable y más de 3 mil 200 kilómetros de drenaje sanitario. Indicó que, en comparación con 2024, se registró un incremento de tres hectómetros cúbicos en el volumen de agua, derivado de acciones de rehabilitación de infraestructura, recuperación de caudales y mejoras en la operación, lo que ha permitido ampliar la cobertura en zonas con rezago histórico.
En el apartado de intervenciones, diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas plantearon cuestionamientos sobre el desempeño del servicio, señalando problemáticas como desabasto en colonias, cobros excesivos, deficiencias en la facturación, fugas no atendidas y falta de inversión en saneamiento. Asimismo, solicitaron claridad en la distribución de responsabilidades entre el organismo y la concesionaria, el cumplimiento de estándares de calidad, el uso de despachos externos para actos de autoridad y las estrategias para mejorar la eficiencia y garantizar el acceso equitativo al agua.
