El llamado Plan B en materia político-administrativa propone una serie de ajustes orientados a disminuir el gasto en estructuras gubernamentales, con el argumento de eliminar privilegios y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Entre sus ejes centrales se encuentra la reducción de cargos como regidurías en ayuntamientos, así como la imposición de límites al presupuesto de los congresos locales.
Asimismo, la iniciativa contempla recortes a los salarios de altos funcionarios en organismos electorales, bajo la premisa de que estos han mantenido percepciones superiores al promedio del servicio público. Los impulsores del plan sostienen que estas medidas permitirían generar ahorros significativos sin comprometer la operación institucional ni la vida democrática del país.
De acuerdo con la propuesta, los recursos liberados se destinarían principalmente a proyectos de infraestructura y programas de bienestar social, con el objetivo de impactar directamente en la calidad de vida de la población. El planteamiento ha generado debate entre distintos sectores, que cuestionan tanto su viabilidad como sus posibles efectos en la autonomía de las instituciones y el equilibrio de poderes.
