La diputada Juana Acosta Trujillo, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Sanidad Animal con el objetivo de fortalecer la trazabilidad ganadera en México y elevarla a instrumento de seguridad nacional sanitaria. La propuesta busca cerrar vacíos normativos y tecnológicos que actualmente permiten prácticas ilegales como el uso indebido de dispositivos de identificación, lo que impacta directamente en la sanidad, la economía y la seguridad alimentaria del país.
La legisladora advirtió que el sistema vigente ha sido rebasado, al carecer de controles estrictos y de una base de datos centralizada con protocolos de seguridad robustos, lo que ha propiciado un mercado negro de aretes de identificación. Esta situación facilita delitos como el abigeato y el “lavado” de ganado, al permitir que animales robados o de origen irregular se integren al circuito legal, debilitando la seguridad patrimonial de los productores y generando una problemática que trasciende el ámbito administrativo.
En materia zoosanitaria, la iniciativa pone énfasis en riesgos como la propagación del gusano barrenador y el impacto en el estatus sanitario del país frente a socios comerciales. La falta de control sobre la procedencia del ganado podría derivar en cierres fronterizos generalizados; sin embargo, un sistema de trazabilidad robusto permitiría aplicar medidas focalizadas, como cuarentenas regionales, evitando afectaciones a nivel nacional y protegiendo las exportaciones pecuarias, que superan 1.2 millones de cabezas al año.
La propuesta plantea tres ejes centrales: blindaje tecnológico del sistema, trazabilidad total del ciclo de vida del ganado y un régimen sancionador estricto. Entre las medidas destaca la creación de una base de datos centralizada con altos estándares de seguridad, así como la obligatoriedad de registrar nacimientos, movilizaciones y transacciones. Además, se tipifica como delito federal el tráfico, clonación o uso indebido de dispositivos de identificación, con penas de cinco a diez años de prisión, buscando disuadir prácticas ilícitas sin afectar a productores que incurran en faltas administrativas menores.
