Con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias sinaloenses y otorgar mayor certeza jurídica en las operaciones de adquisición de vivienda, el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, integrado por los diputados Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño y MC Angélica Díaz Quiñónez, presentó ante el H. Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Sinaloa para regular de manera específica las preventas inmobiliarias.
La propuesta legislativa surge ante el crecimiento sostenido que ha experimentado el sector inmobiliario en México y particularmente en Sinaloa, donde cada vez es más frecuente la comercialización de viviendas y departamentos bajo esquemas de preventa, es decir, cuando los inmuebles aún se encuentran en proceso de construcción.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sinaloa cuenta con una población de 3 millones 26 mil 943 habitantes, cifra superior a los 2 millones 767 mil 761 habitantes registrados en el Censo de 2010, lo que refleja una creciente demanda de vivienda y desarrollo urbano.
A nivel nacional, más del 35 por ciento de los nuevos desarrollos habitacionales urbanos se comercializan bajo esquemas de preventa, mientras que en zonas turísticas y de alta plusvalía, como el corredor del Pacífico, el porcentaje supera el 50 por ciento de las unidades ofertadas. Asimismo, alrededor de seis de cada diez compradores de vivienda vertical adquieren sus inmuebles antes de que concluyan las obras.
En Sinaloa, municipios como Culiacán y Mazatlán han registrado un crecimiento superior al 20 por ciento en vivienda vertical durante los últimos años, mientras que Mazatlán se ha consolidado como uno de los destinos con mayor número de torres residenciales en construcción en el noroeste del país. Una parte importante de estas propiedades se comercializa entre 12 y 36 meses antes de su entrega física.
Sin embargo, los legisladores del PAS señalaron que, pese a la relevancia económica de esta modalidad de comercialización, el Código Civil del Estado no contempla actualmente una regulación específica sobre las preventas inmobiliarias, situación que genera incertidumbre jurídica tanto para compradores como para desarrolladores.
La iniciativa expone que existen casos en los que empresas inmobiliarias ofertan inmuebles sin contar plenamente con los recursos financieros necesarios para concluir los proyectos o incluso sin disponer de todos los permisos, autorizaciones o concesiones requeridos.
Estas circunstancias pueden derivar en incumplimientos contractuales, retrasos o cancelaciones que afectan directamente a quienes han invertido sus ahorros en la adquisición de una vivienda.
En muchos de estos casos, aun cuando se realicen devoluciones de dinero, los compradores enfrentan pérdidas derivadas de la disminución del poder adquisitivo de los recursos entregados, poniendo en riesgo su patrimonio familiar.
