El diputado federal del PAN y secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez Barba, exigió que el IMSS-Bienestar sea sometido a auditorías externas e independientes, al señalar que la desaparición del Seguro Popular provocó una pérdida de transparencia y fiscalización en el manejo de los recursos destinados a la salud. El legislador afirmó que el organismo intenta minimizar las observaciones realizadas por su auditor externo sobre los estados financieros de 2025.
Ramírez Barba sostuvo que el auditor se abstuvo de emitir una opinión sobre las finanzas del IMSS-Bienestar debido a la falta de información y evidencia suficiente para evaluar su situación financiera. Acusó que la institución pretende utilizar esa misma ausencia de datos para argumentar que no existen pruebas de fraude o daño patrimonial, cuando en realidad persisten dudas sobre cuentas por cobrar, inventarios, deudas con proveedores y el ejercicio de casi 27 mil millones de pesos adicionales al presupuesto aprobado para 2025.
El legislador panista recordó que la Auditoría Superior de la Federación ya había detectado en 2024 diversas irregularidades, entre ellas deficiencias de control interno, pagos improcedentes, bienes sin destino acreditado, recursos pendientes por aclarar, niveles salariales no autorizados para miles de trabajadores, omisiones en sanciones a proveedores y un subejercicio superior a los 25 mil millones de pesos. Afirmó que las anomalías están documentadas, pero que aún se desconoce su dimensión total debido a la falta de información disponible.
Finalmente, Ramírez Barba defendió que el extinto Seguro Popular permitía conocer con claridad el destino de los recursos, la cobertura de enfermedades y el número de beneficiarios, mientras que el INSABI y posteriormente el IMSS-Bienestar sustituyeron ese esquema por un modelo de gratuidad sin indicadores verificables ni mecanismos claros de rendición de cuentas. Advirtió que actualmente no existe información suficiente para conocer cuántas personas reciben atención, qué tratamientos se financian y quién asume la responsabilidad sobre el uso de los recursos públicos en el sistema de salud.
