Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las mujeres que enfrentan condiciones históricas de discriminación, la diputada federal Xóchitl Teresa Arzola Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa ante la Comisión Permanente, para reformar el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.
La propuesta plantea incorporar expresamente una perspectiva de interseccionalidad y universalidad en el reconocimiento de las conductas constitutivas de violencia política contra las mujeres, a fin de visibilizar y atender las formas diferenciadas de agresión que enfrentan mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad y pertenecientes a diversas identidades culturales.
Al respecto, la diputada manifestó que las violencias políticas contra las mujeres en razón de género, continúan siendo un problema estructural que afectan el desarrollo democrático de México Y que, pese a los avances legislativos en materia de paridad y representación política, miles de mujeres enfrentan prácticas de discriminación, intimidación, acoso, exclusión y violencias dentro de los espacios de toma de decisiones.
Refirió que, de acuerdo con ONU Mujeres, las violencias políticas de género constituyen una violación a los derechos humanos que buscan perpetuar relaciones históricas de poder y limitar la participación de las mujeres en la vida pública. Estas agresiones dijo, pueden manifestarse mediante violencias simbólicas, psicológicas, económicas, mediáticas, digitales, institucionales o físicas, afectando tanto a candidatas como a mujeres electas, funcionarias públicas y lideresas comunitarias
Explicó que en México, el reconocimiento jurídico de las violencias políticas de género representó un avance fundamental con las reformas aprobadas en 2020; sin embargo, “diversos diagnósticos institucionales han señalado que las medidas existentes aún resultan insuficientes para atender las condiciones diferenciadas que enfrentan mujeres pertenecientes a grupos históricamente discriminados”, mencionó.
Agregó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha advertido que las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan obstáculos desproporcionados para acceder y permanecer en cargos públicos debido a prácticas discriminatorias arraigadas en las instituciones políticas y sociales.
