El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Contratación Pública del Estado de México con el propósito de establecer reglas más estrictas en el arrendamiento de inmuebles destinados a oficinas gubernamentales, reducir la discrecionalidad en estos procesos y evitar que el erario continúe destinando recursos a rentas excesivas sustentadas en avalúos sin criterios técnicos. El legislador afirmó que la propuesta busca fortalecer la transparencia, la austeridad y la eficiencia en el uso del presupuesto público, sin intervenir en el mercado inmobiliario privado.
La iniciativa plantea que los procedimientos de contratación no se limiten al costo de la renta, sino que incorporen criterios como eficiencia energética, accesibilidad, sustentabilidad, mantenimiento, seguridad estructural y condiciones que permitan generar ahorros para las finanzas públicas. Además, establece que las propuestas sustentadas en avalúos simulados o elaborados sin apego a criterios técnicos puedan ser desechadas y que se dé vista a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.
Asimismo, la reforma contempla impedir que personas físicas o empresas que incurran en sobreprecios, simulación de avalúos o incumplimiento de condiciones de seguridad y mantenimiento puedan contratar con el sector público. Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario de Morena sostiene que busca garantizar un manejo responsable de los recursos públicos para que el presupuesto pueda destinarse con mayor eficacia a infraestructura, programas sociales, seguridad, salud y otros servicios en beneficio de la población.
