El diputado Jorge Luis Sánchez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 93 de la Ley General de Vida Silvestre, con el propósito de actualizar la denominación de la institución encargada de la política pública en materia indígena, sustituyendo la referencia al extinto Instituto Nacional Indigenista por el actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La propuesta fue recibida durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el miércoles 13 de mayo de 2026 y turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictaminación.
En la exposición de motivos, el legislador señaló que esta adecuación normativa responde a la necesidad de mantener un marco jurídico coherente y acorde con la estructura vigente de la administración pública federal, fortaleciendo los principios de seguridad jurídica y legalidad.
«La presente iniciativa tiene como objetivo armonizar y actualizar el marco jurídico vigente, mediante la adecuación de la denominación institucional en la Ley General de Vida Silvestre, sustituyendo la referencia al Instituto Nacional Indigenista por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas», expuso.
Asimismo, destacó que la reforma busca eliminar disposiciones desactualizadas que pueden generar confusión en la aplicación de la ley y afectar la correcta identificación de las autoridades competentes.
«La reforma planteada busca garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, evitando ambigüedades o interpretaciones erróneas derivadas del uso de denominaciones institucionales que han sido superadas», sostuvo.
El diputado recordó que el Estado mexicano, conforme al artículo 2 de la Constitución, reconoce su carácter pluricultural y tiene la obligación permanente de adecuar y armonizar su legislación para garantizar la eficacia de las normas y la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En ese sentido, explicó que la transformación institucional que derivó en la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018 representó un cambio profundo en la política pública dirigida a estos sectores de la población, al transitar hacia un enfoque basado en los derechos humanos, la interculturalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
