El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal con el fin de sancionar a los servidores públicos que, sin tener atribuciones legales, utilicen su cargo para imponer cobros indebidos u obtener beneficios económicos ilegales, especialmente cuando sus acciones afecten infraestructura estratégica o destinada a la prestación de servicios públicos. La propuesta busca incorporar una nueva fracción al artículo 217 para tipificar estas conductas como delito y diferenciarlas de errores administrativos o controversias de competencia.
El legislador priista explicó que la iniciativa surge tras hechos registrados en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, donde autoridades municipales habrían impuesto multas y cobros extraordinarios a empresas concesionarias de telecomunicaciones por infraestructura como postes, cableado y fibra óptica. Moreira sostuvo que las autoridades locales no pueden intervenir sobre infraestructura regulada por un marco constitucional y legal de carácter federal, por lo que plantea castigar únicamente los casos en los que se demuestre que el funcionario actuó deliberadamente, sabiendo que carecía de competencia, para obtener un beneficio económico indebido.
La reforma también propone aumentar hasta en dos terceras partes las penas cuando las conductas afecten infraestructura estratégica o servicios públicos de interés general, lo que elevaría la sanción máxima de 12 a 20 años de prisión, además de incrementar las multas previstas en la legislación vigente. Moreira afirmó que el objetivo es fortalecer la legalidad en el ejercicio del servicio público, proteger el patrimonio de las personas y garantizar la continuidad de la infraestructura estratégica del país, sin criminalizar el ejercicio legítimo de las facultades de las autoridades.
