La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Sandra Pámanes, denunció que la presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato, excedió sus facultades al enviar 163 oficios a notarías públicas del estado para solicitar información sobre bienes inmuebles presuntamente relacionados con el gobernador Samuel García y su familia. La legisladora sostuvo que estas solicitudes se realizaron sin la aprobación de la Comisión.
Pámanes afirmó que los requerimientos rebasan el Acuerdo de Diligencias de Investigación, el cual establece qué información puede solicitarse y a quiénes durante el procedimiento de juicio político. Recordó que el acuerdo ya contemplaba solicitudes a 69 dependencias y aseguró que ampliar el alcance de la investigación sin autorización carece de sustento legal. En ese sentido, calificó la actuación como una medida arbitraria que vulnera el debido proceso.
La diputada advirtió que las diligencias derivadas de esos oficios podrían quedar bajo cuestionamiento jurídico e incluso generar responsabilidades para quienes ordenaron su emisión. Asimismo, exigió que Armida Serrato explique públicamente con qué facultades decidió ampliar la investigación sin que la Comisión lo discutiera ni aprobara, al tiempo que advirtió que no permitirán que el procedimiento de juicio político sea utilizado con fines de persecución política.
