La diputada Adriana Medina Ortíz presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y agravar las sanciones a quienes sustraigan, se apropien o comercialicen materiales de infraestructura pública, como cables, tubos y tapas, que afectan servicios de agua, energía eléctrica, drenaje y alumbrado. La propuesta busca reducir beneficios procesales y responsabilizar también a quienes compren estos materiales sin acreditar su origen legal.
La legisladora destacó que los robos no solo generan un daño patrimonial a los ayuntamientos, sino que representan un riesgo para la ciudadanía que transita por las calles. La reforma contempla penas de hasta 15 años de prisión, así como multas económicas significativas para los responsables, según el valor del material sustraído.
Medina Ortíz subrayó que la iniciativa envía un mensaje claro: “Dañar la ciudad será un delito grave y comprar material robado también”. La propuesta busca adaptarse al contexto social actual y proteger la integridad, seguridad y patrimonio de los ciudadanos.
