El diputado federal César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) advirtió durante la sesión ordinaria del 28 de octubre que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en materia de Extorsión presenta imprecisiones que podrían liberar a alrededor de 500 delincuentes de alto impacto en varios estados. Señaló que la legislación no armoniza las penalidades locales ni define una estrategia clara de prevención, y que las medidas de protección a víctimas son un simple duplicado de normas existentes.
El legislador resaltó que la reforma requiere análisis profundo, diálogo con las entidades federativas y mayores recursos financieros y humanos para garantizar su eficacia. También criticó que la ley delega la investigación a las unidades antisecuestro sin otorgarles facultades legales, y que algunos agravantes podrían interpretarse de manera excesivamente general, generando riesgos en su aplicación.
Domínguez insistió en que es necesario legislar con prudencia y tomar en cuenta las experiencias locales, como las implementadas en Chihuahua, para evitar errores que afecten la seguridad de la población. Anunció que el PRI presentará reservas y propuestas para perfeccionar la legislación antes de su aprobación definitiva, con el objetivo de garantizar una ley efectiva contra la extorsión en todo México.
