Durante la discusión del dictamen para expedir la Ley General de Aguas, la diputada federal del PRI, Ana Isabel González González, acusó irregularidades en el proceso legislativo y falta de apertura para escuchar a todos los sectores involucrados. Señaló que, pese a no integrar la Comisión de Recursos Hidráulicos, permaneció más de 24 horas en el Pleno siguiendo el debate por tratarse de un tema crucial para el país.
La legisladora cuestionó que los foros organizados por la mayoría no garantizaran verdadera participación ciudadana, obligando a productores, campesinos y representantes del sector minero a viajar a la Ciudad de México sin certeza de ser escuchados. González criticó además que, aunque se presentó la ley como “perfecta”, se introdujeron más de 50 cambios de último momento sin claridad ni consenso, calificando ello como una falta de seriedad y transparencia.
González advirtió que la nueva ley podría afectar al campo mexicano y a las familias que dependen de los sectores productivos, al asegurar que los ajustes propuestos no fueron consultados adecuadamente. Sostuvo que la mayoría legislativa asumió una posición cerrada y apresurada, y afirmó que el impacto de estas decisiones repercutirá directamente en productores y comunidades que dependen del acceso al agua.
