Los empresarios Jonathan Andrés Palacios Duarte y Alejandro Carrillo Garzón denunciaron haber sido víctimas de extorsión e intimidación por parte de extrabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. Presentaron una petición formal al Congreso de Puebla para que se investiguen los hechos y se tomen medidas contra los responsables. Según los afectados, se fabricaron delitos en su contra y se les detuvo de manera ilegal.
En este contexto, varios funcionarios de la FGE renunciaron a sus cargos, incluyendo a Luis Antonio León Delgadillo, Miguel Islas Álvarez y Jorge Malvaez, quienes estaban a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) y la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados (FEIDORPIFR). Los empresarios denunciaron irregularidades en su detención, incluyendo informes policiales manipulados y la creación de escenarios delictivos inexistentes.
Un juez determinó que la detención de los empresarios fue ilegal y ordenó la devolución de sus bienes, pero la FGE ha ignorado el mandato judicial. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado una investigación interna y ha anunciado medidas para combatir la corrupción y la extorsión.
