El diputado Tano Pérez presentó dos iniciativas legislativas que colocan en el centro el interés superior de niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur, ambas surgidas del trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y profesionales especializados en la protección de la niñez. Las propuestas buscan cerrar espacios a la impunidad, la omisión institucional y la revictimización en casos de violencia, especialmente de carácter sexual, dentro del ámbito educativo.
La primera iniciativa reforma la Ley de Educación del estado para establecer la obligación de denunciar de manera inmediata y directa ante el Ministerio Público cualquier hecho de violencia, eliminando rutas burocráticas, mediaciones indebidas y prácticas internas que retrasan la justicia. El objetivo es que las escuelas sean espacios seguros y que ninguna autoridad escolar sustituya o posponga una investigación penal cuando está en riesgo la integridad de menores de edad.
La segunda propuesta plantea reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para crear la figura de la Suspensión Preventiva Obligatoria y la denuncia inmediata en casos de violencia o delitos sexuales cometidos por personal del sector educativo. El legislador subrayó que esta medida no constituye una sanción ni prejuzga culpabilidades, sino que es una herramienta de protección que permite actuar de forma inmediata, evitar la revictimización y garantizar procesos de investigación sin interferencias administrativas.
Estas iniciativas fueron elaboradas con el acompañamiento de la Fundación Internacional Granito de Arena, encabezada por Elena Torres Villanueva, su representación en Baja California Sur a cargo de Perla Coral Murillo Higuera, y la licenciada Valessia Estrada Taylor, coordinadora de un equipo jurídico y multidisciplinario. De acuerdo con datos nacionales, la violencia sexual infantil sigue siendo un problema grave y subregistrado, lo que refuerza la urgencia de establecer mecanismos claros, obligatorios y sin excepciones. El diputado afirmó que en Baja California Sur no puede haber espacio para el encubrimiento ni los “arreglos internos” cuando está en juego la seguridad y los derechos de la niñez.
