El Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un fuerte posicionamiento contra la reforma electoral impulsada por el gobierno de Morena, calificándola como una «operación de Estado» diseñada para concentrar el poder. Bajo el lema «Cuesta menos una democracia cara que una dictadura gratuita», el partido tricolor advirtió que el recorte a las instituciones electorales no es una medida de austeridad, sino un intento por debilitar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y eliminar los contrapesos democráticos que han costado décadas construir.
En el comunicado, el PRI denuncia que la reforma busca «asfixiar a la oposición» y facilitar la sobrerrepresentación del partido oficialista en el Congreso de la Unión. Según la dirigencia priista, estas modificaciones legales pretenden transformar al Poder Legislativo en una oficina dependiente del Ejecutivo, borrando la diversidad política del país y silenciando a las minorías. Alertan que este camino hacia el autoritarismo ya ha sido recorrido por países como Hungría, Nicaragua y Venezuela, con consecuencias devastadoras para las libertades civiles.
Un punto central de la denuncia es la supuesta facilitación de la «narcopolítica». El PRI sostiene que reducir el financiamiento público a los partidos políticos permitiría que grupos del crimen organizado infiltren con mayor facilidad las campañas y estructuras partidistas. El partido afirma que la reforma electoral es, en realidad, una «Ley Maduro» que busca normalizar la presencia de carteles en la vida pública nacional, poniendo en riesgo la integridad de los procesos electorales y la seguridad de los ciudadanos.
Finalmente, el PRI reafirmó su compromiso de defender al INE y el pluralismo político frente a lo que consideran un retroceso histórico. Aseguraron que no claudicarán en la batalla por preservar un sistema donde «todas las voces cuenten» y el poder sea disputado bajo reglas claras y equitativas. El partido hizo un llamado a la sociedad civil y a organismos internacionales para mantenerse alerta ante lo que califican como un intento sistemático por destruir la normalidad democrática de México.
