Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la LXIX Legislatura del Congreso de Chiapas, acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para presentar formalmente una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta propuesta, impulsada originalmente por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, busca que las corporaciones de seguridad pública estatales puedan portar armamento de alto poder, actualmente reservado para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
El objetivo central es cerrar la brecha operativa que enfrentan las policías locales frente a grupos del crimen organizado en territorios de alta peligrosidad. Según el documento, esta medida permitiría fortalecer a las instituciones civiles y reducir la dependencia estructural de la intervención militar en tareas de seguridad pública. Se plantea como una actualización funcional necesaria para que el Estado mantenga el monopolio legítimo de la fuerza en condiciones reales de confrontación.
La reforma propuesta a los artículos 80 Bis, 11 Bis y 29 establece controles estrictos y supervisión institucional para el uso de estas armas. Para acceder al equipo, se requerirá una solicitud formal de los titulares del Poder Ejecutivo estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de que el personal operativo deberá contar con una certificación individual vigente. Todo el armamento deberá ser devuelto o resguardado una vez cumplido el objetivo específico que motivó su autorización.
Finalmente, la iniciativa subraya que la Secretaría de la Defensa Nacional mantendrá el control absoluto sobre los permisos, licencias y resguardos, preservando el carácter civil de las policías. Se destaca que este modelo busca la protección de los derechos humanos y la construcción de una paz sostenible, citando como evidencia empírica la reducción de delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, lograda en Chiapas durante el año 2025.
