La diputada local Olivia Garza propuso modificar el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal de la Fiscalía de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la procuración de justicia, garantizar el acceso efectivo a la justicia y proteger los derechos humanos de la ciudadanía.
La legisladora presentó cinco ajustes centrales: hacer el Plan evaluable y auditable con indicadores y reportes al Congreso; regular la priorización de carpetas de investigación con criterios públicos y derecho de impugnación para las víctimas; incorporar salvaguardas de privacidad y derechos humanos en el uso de tecnología; definir con criterios técnicos el enfoque territorial; y establecer estándares exigibles para la atención a víctimas, con tiempos máximos y evaluación externa.
Garza señaló que el documento contiene diagnósticos acertados, pero requiere metas verificables, plazos obligatorios y vinculación presupuestal para evitar que quede como un instrumento programático sin capacidad real de evaluación. Subrayó que la priorización de casos debe estar regulada para impedir decisiones discrecionales en la persecución penal.
Finalmente, afirmó que la postura del PAN es constructiva y busca fortalecer a la Fiscalía con reglas claras, controles tecnológicos y verdadera rendición de cuentas, garantizando un sistema de justicia transparente y con derechos protegidos para la ciudadanía.
