La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó investigar y determinar posibles responsabilidades administrativas por la asignación, por parte del gobierno de Hidalgo, de un contrato por 11.9 millones de pesos a la empresa Agicresa S.A. de C.V., al presumir un conflicto de interés. El señalamiento deriva de que dos de los socios de la firma son hermanos del diputado federal de Morena Ricardo Crespo Arroyo, situación que debió advertirse en el proceso de adjudicación.
El contrato NOR-2024-LP-FAFEF-SIPDUS-SSP-SP-002 correspondió al bardeado perimetral del Instituto de Formación Profesional, obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. En la auditoría 1115, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y pidió indagar a los servidores públicos que intervinieron, al considerar que el parentesco “implicó un conflicto de interés” conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la normativa estatal en obra pública.
El caso fue incluido entre los hallazgos destacados de la Cuenta Pública 2024 y, según el órgano fiscalizador, el gobierno estatal fue notificado desde septiembre de 2025 para iniciar procedimientos. La empresa ha recibido otros contratos durante la administración de Julio Menchaca Salazar, además de una adjudicación federal del Infonavit por casi mil millones de pesos. Al ser cuestionado, el mandatario sostuvo que el parentesco no impide una actividad lícita si se cumplen los requisitos legales y no se acredita un conflicto de interés.
