El Congreso de Veracruz aprobó con 39 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones la reforma al artículo 230 del Código Penal estatal, con la que se amplía el catálogo de conductas relacionadas con el lavado de dinero, a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García. La medida busca cerrar espacios de impunidad y fortalecer las herramientas del Estado para perseguir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La reforma establece sanciones de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes participen en la adquisición, administración, transferencia u ocultamiento de recursos ilícitos, incluyendo operaciones dentro y fuera del país. Además, endurece las penas cuando se trate de servidores públicos, contemplando su destitución e inhabilitación, en un intento por frenar la infiltración del dinero ilegal en las instituciones.
En este contexto, el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, respaldó la reforma al considerarla “oportuna y necesaria”, al señalar que permite cerrar vacíos legales y armonizar la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de combate al lavado de dinero.
No obstante, Yunes Landa advirtió que el endurecimiento de la ley por sí solo no garantiza la disminución del delito, al sostener que el verdadero reto está en la acción efectiva del Estado y en la aplicación real de las sanciones. Subrayó que sin instituciones sólidas y una correcta ejecución de la justicia, las reformas pueden quedarse en el papel sin generar resultados tangibles en seguridad y legalidad.
