La diputada Samantha Margarita Garza de la Garza (PAN) se pronunció en contra del dictamen que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Durante su intervención, señaló que la norma fue elaborada sin considerar la voz de productores, especialistas y comunidades afectadas, lo que podría criminalizar actividades agrícolas y generar incertidumbre jurídica. “El agua no tiene color, es vida, salud y esperanza para México”, enfatizó.
Garza de la Garza advirtió que los productores solo buscan certeza jurídica y respeto a sus concesiones, y alertó que la ley podría convertir en delito el uso de pozos propios, incluso para consumo familiar. Criticó que las sanciones propuestas no resuelven la crisis hídrica, sino que castigan a quienes mantienen vivo el campo mexicano, y destacó que detrás de cada hectárea hay familias que dependen de estas políticas para garantizar alimentos y sustento.
La legisladora también cuestionó la falta de recursos en el Presupuesto 2026 para agua potable, saneamiento e infraestructura, señalando que el discurso gubernamental de “agua para todos” no se refleja en la asignación presupuestal. Concluyó que se requiere una política hídrica seria, transparente y con visión de largo plazo, construida desde el territorio y no desde el escritorio, defendiendo los derechos de productores y ciudadanos por encima de intereses políticos.
